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La Audiencia Nacional investiga a Botín y su familia por una presunta evasión fiscal
La Fiscalía Anticorrupción activa las acciones judiciales para evitar que prescriba el delito relativo al año 2005. Los Técnicos de Hacienda critican el "trato de favor" dado a los implicados
Emilio Botín (izquierda) y su hermano Jaime. / efe
AGENCIAS | MADRID El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra Emilio Botín, presidente del Banco Santander, contra su hermano Jaime Botín, y los cinco hijos que tienen cada uno de ellos por la presunta comisión de delitos de fraude contra la Hacienda Pública y falsedad documental.
La Agencia Tributaria de Francia informó en mayo de 2010 a la española de que el banquero y sus familiares figuraban en la relación de personas con dinero en Suiza que se dio a conocer en 2010 (por la filtración de Hervé Falciani, un empleado de HSBC) y que no habían declarado estos fondos entre 2005 a 2009. Las cantidades defraudadas por Botín y sus familiares superan los 120.000 euros por contribuyente, ya que este es el mínimo a partir del cual la evasión se puede considerar delito y procesarse por la vía penal.
A petición de la Agencia Tributaria, los denunciados procedieron a la presentación de las declaraciones de entre 2005 y 2009. Pese a la elevada documentación presentada por la familia Botín, Hacienda se declaró "incapaz de determinar si las regularizaciones realizadas han sido completas y veraces" y trasladó el caso a Anticorrupción.
Según apuntó un portavoz "la familia está al corriente de todas sus obligaciones fiscales". Según defendió "el presidente del Banco Santander, su hermano y sus hijos abonaron el año pasado 200 millones de euros por la declaración patrimonial de los bienes domiciliados en Suiza".
El origen de ese patrimonio, señalaron desde la familia, se debe a la huida del padre de Emilio Botín a ese país en 1936, cuando acababa de estallar la Guerra Civil española y fue cesado de sus cargos en la entidad financiera. Durante su estancia en Suiza, Emilio Botín de Sautuola y López abrió una cuenta a la que trasladó parte del patrimonio familiar y creó una fundación para que lo administrara, que no ha recibido aportación de los herederos desde el fallecimiento del empresario en 1993. La cuenta de la familia podría ascender a unos 1.000 millones de euros.
Aunque las regulaciones realizadas siguen siendo comprobadas por Hacienda, Anticorrupción se ha visto obligada a iniciar acciones judiciales para evitar que prescriban las actuaciones relativas a 2005, lo que iba a ocurrir el 30 de junio.
En su auto de admisión, el juez Andreu explica que el objeto inicial de la investigación se debe a "la imposibilidad reconocida por Hacienda para realizar una valoración en plazo sobre la corrección o no de las declaraciones complementarias practicadas por los denunciados, lo que hace necesario que, mediante el presente procedimiento se determinen, previamente, qué conductas aparecen como exigibles a cada uno de los denunciados".
El magistrado de la Audiencia Nacional admite a trámite la denuncia y designa a dos peritos destinados en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria para determinar, si los denunciados han regularizado adecuadamente su situación fiscal, algo que, al no hacerlo la Administración, se debe hacer "en el proceso penal, con las garantías y derechos que en el mismo se reconocen, y que deba ser declarada por un juez o tribunal".
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) criticaron el "trato de favor" que, a su juicio, se ha dispensado a la familia Botín. El colectivo subraya que la Agencia Tributaria ha perdido un "tiempo precioso" al permitir a los implicados en el caso de las cuentas suizas a regularizar voluntariamente su situación tributaria pagando únicamente recargos e intereses de demora, ahorrándose las sanciones.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha asumido errores en el dispositivo que los Mossos d'Esquadra desplegó ayer, miércoles, para proteger a los diputados del asedio de los indignados al Parlament. "El dispositivo policial previsto en circunstancias de tranquilidad se tuvo que enfrentar a una 'kale borroka' de extrema violencia", ha explicado durante la sesión de control al Govern. Mas ha vuelto a enviar un mensaje de contundencia contra los autores de los episodios violentos, para quienes ha deseado un "castigo ejemplar
